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Red de Investigadores sobre Identidades Nacionales

Edwin Guzmán Rodríguez. Fuerza pública, negociaciones de paz y posacuerdo en Colombia

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El 23 de septiembre de 2015, el presidente Juan Manuel Santos y el comandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), Timoleón Jiménez, “Timochenko”, firmaron en La Habana, Cuba, un acuerdo sobre el punto considerado más problemático en la agenda de las negociaciones de paz que se iniciaron casi tres años atrás, el 19 de noviembre de 2012. El acuerdo sobre justicia transicional, restaurativa y reparadora, crea una jurisdicción especial para los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, que cobijaría a todas las partes, los integrantes de la guerrilla y los agentes de la sociedad civil y del Estado, incluyendo los militares. Así mismo, se estableció un plazo de seis meses para la firma del acuerdo final de paz. De esa forma, aunque faltando un trecho importante, el proceso de paz entró en una etapa final a la que nunca antes se había avanzado y que prácticamente era inimaginable unos años atrás.

En efecto, la política de seguridad democrática (PSD) bajo el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que consistió en una ofensiva militar sin precedentes contra la insurgencia, articuló a los sectores sociales y políticos descontentos con el proceso de paz iniciado en 1999 entre Gobierno y Farc, entre quienes se encontraban representantes de élites regionales emergentes de distinta raigambre y sectores de las élites políticas tradicionales, de tal forma que las vías para una negociación del conflicto armado quedaron cerradas. Durante 2009 se generó un debate sobre la posibilidad de que Uribe se presentara para un tercer mandato presidencial, luego de haber promovido y aprovechado una reforma constitucional que permitió la reelección presidencial inmediata en 2006, posibilidad hecha realidad con la sanción de una ley que autorizaba un referendo sobre la reforma constitucional que, a su vez, permitiría la segunda reelección consecutiva, en septiembre. Sin embargo, en febrero de 2010 la Corte Constitucional declaró inconstitucional dicha norma al hallar vicios de proceso en su promulgación. En ese momento Juan Manuel Santos, quien se había destacado como ministro de Defensa, tomó las banderas del uribismo erigiéndose en candidato de la continuidad.

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