La reivindicación de la gratuidad debe ser un componente fundamental de un proyecto nacional educativo de vocación pública que acoja sin condiciones y garantías de permanencia a los jóvenes que aspiran a ver realizado su derecho educativo y que no hipoteque de antemano el futuro de los jóvenes profesionales como ya sucede en Colombia, así como en Chile y EE.UU, motivando la corrección de sus políticas en un caso y obligando al presidente a poner el tema en la agenda política en el otro.
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